Derechos Humanos
Por Secretariado Nacional de Ex Presos Políticos de Chile
El Mapocho, miércoles 12 de Agosto de 2009
En materia de Derechos Humanos, la Concertación ha logrado su objetivo más emblemático, para finalizar el gobierno de Bachelet: obtener la aprobación de “su” Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Lo importante no es el contenido sino el anuncio mediático hacia el extranjero: se hacen “gestos que muestran un avance” de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Para los sectores sociales y sus organizaciones, vinculados al tema de las violaciones a los derechos humanos durante y después de la dictadura, esta aprobación, en una materia tan trascendente como es la institucionalidad en derechos humanos que nuestro país requiere, es claramente un retroceso y no un avance.
Hace algunas semanas, el gobierno se auto-congratuló de otro avance en derechos humanos: ratificó el Estatuto de Roma, mediante el cual se pone bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sin aclarar el trasfondo político de ello. El senador Espina (RN) presentó un proyecto de ley que redefinió el concepto internacional de crimen de lesa humanidad por otro de estilo “chilensis” que lo desvirtuó totalmente y lo redujo a una suerte de crímenes cometidos entre bandas de civiles armados, además de rebajar todas las penas a la mitad y por supuesto esta ley no es retroactiva. Además, resulta muy grave que Chile haya ratificado el Estatuto de Roma desconociendo la competencia de la Corte para investigar y juzgar eventuales crímenes que se cometan en Chile o por chilenos. Ello a través de la presentación una ‘declaración interpretativa’ que en realidad por su contenido constituye una ‘reserva encubierta’ al Estatuto de Roma.
Vale decir, el Congreso Nacional desestimó el principio de base del concepto de crimen de lesa humanidad, cuya esencia está en su calidad de crímenes imprescriptibles e inamnistiables. Por tanto, los criminales de lesa humanidad de nuestro país durante la dictadura, están al abrigo de ser enjuiciados por dicha ley. Lo más notable es que la Concertación ha pretendido presentar este virtual retroceso como un avance: “Chile ha logrado una meta importante, pues está entre los países más avanzados en derechos humanos” –tronaban las trompetas del oficialismo.
Desde su presentación en 2007, el proyecto de INDH recién aprobado, por la Cámara de Diputados, fue rechazado de modo categórico por las organizaciones de ex prisioneros políticos y de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Más aún, el día en que fue votado, no había mayoría para aprobarlo por lo que la votación fue retardada por los diputados, pese a tener suma urgencia, pero in extremis, el Ejecutivo, como último recurso, prometió enviar un veto aditivo al Parlamento para enmendar las insuficiencias del proyecto lo que determinó, con dos excepciones notables, su aprobación.
La derecha, pese a haber declarado previamente su rechazo, se abstuvo mayoritariamente anunciando que si se pretende agregar algo a este Instituto no se contará con su apoyo. En otras palabras, el veto aditivo prometido por la ministra Tohá, para “decidir” la votación abortó antes de nacer. Tampoco es menor, la presión ejercida sobre los parlamentarios oficialistas, para mantener su cupo en las elecciones de este año.
Este proyecto fue cuestionado por el Comité Contra la Tortura de la ONU, al analizar el quinto Informe Periódico de Chile (CAT/C/CHL/5), en reuniones celebradas los días 4 y 5 de Mayo de 2009. En particular instó al gobierno chileno a respetar los Principios de París. El Estado chileno, pese a estos cuestionamientos, lo presentó en los mismos términos ya negociados con la derecha. Examinado en su forma y en su contenido este INDH no puede cumplir con las funciones elementales para las que fue creado por las siguientes razones:
1.- No respeta los Principios de París (1) que rigen este tipo de organismo, que garantiza su autonomía e independencia del Estado, la composición independiente de sus miembros, las condiciones materiales de funcionamiento y sus capacidades cuasi jurisdiccionales.
2.- El INDH aprobado no tiene ninguna capacidad para perseguir a los violadores de DDHH, con lo cual se le cercena una de las atribuciones más temidas por los criminales de lesa humanidad.
3.- El INDH no tiene facultad para hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con la determinación del paradero de los detenidos desaparecidos reduciendo su función a recopilar, analizar y sistematizar información.
4.- El INDH está expresamente facultado para extender beneficios a los agentes del Estado causantes de violaciones a los derechos humanos, con lo cual no hay distinción entre víctima y victimario, lo que repugna la moral.
5.- Este Instituto carece de facultad para emitir reportes sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país a las organizaciones internacionales correspondientes.
Lo relevante de la aprobación de este INDH está en el trasfondo político que emerge con él: la impunidad en Chile o la ley de punto final ha sido impuesta en sordina. El INDH solo pudo ser adoptado una vez que lo aprobó la Derecha, por tanto es un INDH ajustado a lo que la Derecha pinochetista neoliberal entiende como derechos humanos. Si lo analizamos, más en detalle, este INDH pudo perfectamente haber operado bajo la dictadura de Pinochet. En la medida que no cumple ningún rol efectivo de salvaguardia, denuncia y promoción de los derechos humanos es totalmente funcional con el modelo de dominación post pinochetista que la Concertación ha ido perfeccionando durante los últimos 20 años.
La Concertación ha mantenido la institucionalidad de la dictadura: la constitución redactada por Jaime Guzmán y otros próceres conservadores ha seguido y sigue vigente, pese a los retoques cosméticos aprobados por Ricardo Lagos y muy sabiamente negociados con la Derecha. El andamiaje institucional represivo de Pinochet sigue vigente, con la excepción de que la CNI no opera a la luz del día, pues el batallón de inteligencia fue disuelto por Cheyre, ya que después de todo había que pagar los 50 años de impunidad. La Concertación, además, permite que las Fuerzas Armadas gasten US$6.000.000.000 en compras de armamento al exterior entre 2003 y 2009, lo que deja a Chile como un virtual peligro y factor de desequilibrio regional en el plano geopolítico.
La política de Estado, implementada por el cogobierno Concertación – Alianza, en materia de Derechos Humanos, impide investigar la verdad sobre las víctimas, hacer justicia castigando a los torturadores y asesinos, reparar adecuada y oportunamente, ni proteger ni hacer respetar los DD HH hoy.
El principal “argumento” político que ha dado la Concertación para aprobar el INDH es que forma parte de una iniciativa tendiente a mejorar la “convivencia entre los chilenos”. No olvidemos que la Iglesia Católica, de tiempo en tiempo, se encarga de entregar el mismo mensaje y la fórmula de Silva Henríquez -“ser la voz de los sin voz”- quedó muerta y sepultada y no tendrá jamás resurrección. Si a esto agregamos las recientes declaraciones solicitando el indulto para los militares genocidas, pues en una buena sociedad cristiana debe primar la misericordia, entendemos la ola de fondo que se levanta para abrir paso a la impunidad.
Detrás de ese lenguaje críptico esto significa simplemente dejemos a los muertos enterrar a los muertos. El objetivo central de los gobiernos concertacionistas en este ámbito ha sido lograr la tan ansiada “reconciliación” y últimamente han logrado captar algunos sectores de ex prisioneros políticos encantados por su canto de sirena. Pero los porfiados hechos están a la vista: la Concertación y la Derecha pretenden cerrar definitivamente los temas de derechos humanos sin resolverlos.
Para la Concertación los derechos humanos son como un pariente que padece alguna enfermedad infecciosa e incurable al que hay que soportar hasta que fallezca. No se entiende de otro modo las visitas a desayunar con la AFDD, o el financiamiento otorgado a Villa Grimaldi, o la construcción del edificio de José domingo Cañas o el emblemático Museo de la Memoria. Todo entra en el concepto de “gestos simbólicos” orientados a la prensa internacional.
En el aspecto Verdad, vale decir el esclarecimiento de las circunstancias y posterior destino de los prisioneros desaparecidos, es imposible pensar en obtener resultados sin el levantamiento del secreto de los 50 años y en este caso es particularmente evidente la impunidad que la alianza política dominante pretende imponer. El conocimiento sobre lo ocurrido quedará hasta donde llegue la investigación judicial que los jueces designados han desarrollado. Ya se levantan voces en la Derecha reclamando que hay que darle una fecha tope a estas investigaciones y los juicios pendientes simplemente cerrarlos. No se escucha réplica alguna desde la Moneda, ni siquiera de la oficina encargada de los derechos humanos, menos puede esperarse reacción de algún parlamentario, así sea miembro de la Comisión de Derechos Humanos.
En cuanto a Justicia, de un total de 1.898 víctimas reconocidas en informes oficiales de las comisiones Rettig I y II, sólo hay 489 causas en tribunales, cuyos procesos han demorado tanto, que apenas 42 oficiales han sido condenados. No hablemos de las condiciones de detención de esta oficialidad, pues son más próximas de un veraneo prolongado que de una cárcel. Las 1.164 víctimas restantes solo esperan la paz de los cementerios.
Respecto a los 1.000 centros de detención y tortura, al interior de cuarteles militares y a los 28.000 torturados reconocidos oficialmente por la Comisión Valech, el Estado de Chile simplemente no ha presentado ninguna querella en contra de los violadores de derechos humanos. Al parecer, ser sobreviviente de tortura no es tan grave como haber muerto o desaparecido, sin olvidar que los muertos fueron torturados también.
Las personas que esperaban reparación de parte del Estado en esta materia ya están sobre aviso: no habrá reparación, como no sean las dos o tres migajas aprobadas junto con el INDH. La reapertura de la inscripción de las personas que no se inscribieron ante la Comisión de Prisión Política y Tortura por 6 meses, permitirá incorporar un remanente de casos a los “beneficios” de la ley 19.992. Los 12 puntos a que se redujo la plataforma de Quillón quedaron letra muerta, así como lo han sido todas las promesas de reparación incumplidas por la Concertación desde hace 20 años.
El Estado de Chile no ha reparado a las víctimas bajo el concepto que este tiene en la jurisprudencia internacional. El art. 14 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, ratificado por el Estado Chileno establece:
**“Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización” (Art.14).**
Entonces, cuando nos referimos a este tema tan escabroso, sabemos que contamos con el respaldo jurídico que los tratados e instituciones internacionales nos entregan, no estamos pidiendo limosna ni montos exagerados, solo el mínimo que la dignidad humana impone.
¿Qué alternativa queda al movimiento de DDHH en Chile?
En términos generales hay que decir que la unidad de acción y coordinación entre todas las víctimas, junto a sus organizaciones, es el primer requisito para mantener viva la esperanza de lograr nuestros objetivos tan reclamados. Esta unidad requiere neutralizar aquellas organizaciones que hoy día sirven de correa transportadora a las directivas de la Moneda, como algunos sectores de ex prisioneros políticos y algunas ONG, que la opinión pública conoce por sus recientes declaraciones oficiales.
Nuestra acción debe orientarse a la denuncia pública de los atropellos que día a día se cometen, a pesar de no contar con la difusión nacional necesaria, por el control de los medios de comunicación monopolizados por la derecha. Pero sí podemos contar con los medios y las instancias oficiales de derechos humanos a nivel internacional y con los recursos de todo el movimiento social. El emplazamiento a las candidaturas presidenciales en esta temática, sin ilusionarse, es también una línea a seguir.
Las instancias judiciales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han mostrado muy efectivas en la acogida de las querellas que en materia de derechos humanos hemos presentado, como personas y como organizaciones. Esto preocupa de modo especial al gobierno. Es una herramienta que debemos pulir y utilizar con criterio y tino.
La propia movilización de los afectados tiene sentido y presiona al gobierno, pues va dejando una huella en la opinión pública que ha sido manipulada desde los tiempos de la dictadura. Cuando Sebastián Acevedo se inmoló en Concepción, en tiempos de Pinochet, su sacrificio fue noticia nacional e internacional. Cuando un jubilado, cansado de ser tramitado, se inmoló en la Moneda durante el gobierno de Lagos, fue noticia del informativo de TV de mediodía, en la tarde ya desapareció. Cuando un preso político se inmola por fuego en la cárcel de El Manzano en Concepción en Mayo último, simplemente no es noticia. Estos ejemplos grafican el grado de anestesiamiento de la opinión pública nacional en manos de medios privados, insensibilizada con la dosis de crónica roja cotidiana.
El futuro de los derechos humanos en Chile no se ve promisorio en el marco institucional actual. No lo ha sido desde 1973, y cuando una luz de justicia iluminó durante la detención de Pinochet en Londres, esa luz fue rápidamente apagada por el gobierno chileno y sus aliados políticos internacionales. Los adversarios nacionales e internacionales de los DD HH son fuertes y tienen múltiples cabezas, pero esta es una causa justa y las futuras generaciones de chilenos sabrán reconocer la labor de quienes hoy luchan por ella. Ya forma parte de la historia que la Concertación no supo abrir las grandes alamedas, quizás tampoco nunca se lo propuso, pero quienes formamos parte de la conciencia crítica de esta nación seguiremos en esta lucha con la fuerza y la dignidad de siempre.
SECRETARIADO NACIONAL de ex PP
ANEXPPCHILE
UNExPP de Chile
ANFexPP Fallecidos
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|2009-10-14 16:58:13 Guillermo Araya - Torturado y PrisioneroPrimero felicitar por la buena información, cuesta mucho encontrar información real acerca de este tema.
Mi abuelo fue prisionero y torturado político, estuvo en muchas casas de tortura dentro y fuera de Santiago (Estadio Nacional, Víctor Jara, Cuatro Álamos, Puchuncavi, nido 20 Tres Álamos, etc, etc). Estuvo exiliado en Panamá alejado de la familia por mas de 4 años.
Mi Abuelo nunca quiso realizar ningún tramite de reparación ni ayuda, por miedo y por los malos recuerdos que esto le llevaba. Hace un año que estuvo apunto de fallecer por un tumor que luego se paso a una infección estomacal, afectandole todos los órganos cercanos al estomago (Colon, intestinos, vejiga, etc)pero la pena más grande fue que todo esto fue por TODOS LOS GOLPES Y TODA LA ELECTRICIDAD QUE LE PROBOCARON EN LAS DIFERENTES CASAS DE TORTURA.
En este momento sobrevive única y exclusivamente porque tuvieron que sacarle todo de adentro y dejarlo para siempre con sondas y bolsas que reemplazan a los intestinos.
Porque les cuento esto... realmente es necesario crear un organismo que realmente se haga cargo de todos estos problemas, como leí en el articulo lo que se esta exigiendo no es una ayuda, sino un derecho y una reparación por todo el daño que se hizo, tanto a los torturados y las familias.
Ojala que pronto se re-abran estas comisiones, porque aun hay mucha gente que espera por justicia.
Ssluda
Guillermo Araya
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|2009-08-16 16:13:34 Marco Silva G - LEY VALECH AHORAPOR FIN SE ARA JUSTICIA CON LAS MILES Y MILES
DE VICTIMAS REALES QUE EN SU MONENTO NO NOS
PRESENTAMOS A DAR NUESTRO TESTIMONIO A LA COMISION VALECH POR UN MOTIVO U OTRO
DEL HORROR VIVIDO DURANTE EL REGIMEN MILITAR
DE ULTRA DERECHA.
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|2009-08-13 06:27:49 Catalina Vergara Ramirez de ar - Solicito saber donde inscribirmeDonde puedo inscribirme y dar mi testimonio de prisión a los 15 años?. Ruego enviarme información. Gracias Atte.
Catalina
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|2009-08-13 12:09:33 guillermo - TestimonioCatalina .Ya se reabrira la comision Valech . reune todos los antecedentes para presentarlos ante la comision. Ingresa a QUE ES LA TARJETA PRAIS EN ESTOS DIAS ORBITANDO ,lee el bloc y encontraras informacion desde principio a fin.
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|2009-08-13 06:36:57 Jaime Guerrero Duménes - Soy uno de los perjudicados.Soy ex-preso político de la dictadura y por razones que no vienen al caso analizar no pude presentar mi testimonio ante la Comisión Valech, esperando hacerlo en esta nueva oportunidad, que veo cada día más lejana.
Agradecería recibir información al respecto.
Gracias.
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|2009-08-14 07:35:11 Guillermo - Comisión ValechJaime porque tan pesimista ,somos muchos los que esperamos, recuerda, la esperanza no se pierde, falta poco, ya que el proyecto paso a la Cámara y hoy esta en la Cámara alta para su segundo tramite y una ves aprobado faltara la firma de la Presidenta y la publicación, paciencia.
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EL SEÑOR PIÑERA, JAMÁS LOGRARÁ LA PRESIDENCIA.
LAS ENCUESTAS SE HACEN A TRAVÉS DE TELÉFONOS, PERO, Y LOS QUE POSEEN DICHOS IMPLEMENTOS SON GENTE ADINERADA; LOS POBRES NO.
¿POR QUÉ LAS ENCUESTAN NO LAS HACEN EN BARRIOS HUMILDES? EN FORMA DIRECTA.
PIÑERA ES UN PELIGRO PARA CHILE, PORQUE SI SALE DISOLVERÁ EL CONGRESO. SERÍA OTRO FUJIMORI, OTRO AUTOGOLPE Y ....QUE ME PERDONE DIOS SI LO DIGO!
AFECTUOSAMENTE.
BERNARDO.