Por Álvaro Cuadra

El Mapocho, lunes 9 de marzo de 2010

La catástrofe acaecida en Chile no sólo ha alterado el eje del planeta sino que ha cambiado abruptamente el eje político del futuro gobierno. En efecto, resulta claro que la magnitud de los daños causados por el terremoto en la zona centro sur del país imponen una nueva escala de prioridades. En este sentido, hemos asistido a un cataclismo cuyas consecuencias sociales, económicas y políticas marcarán, quiérase o no, los próximos años.

Si bien el país ha sido admitido en el “club de países ricos”, lo cierto es que enfrentado a la emergencia, Chile se ha parecido más a Haití que a las naciones más desarrolladas. En lo inmediato, el diagnóstico preliminar es desastroso. Se ha detectado una grave falta de coordinación de los organismos oficiales para hacer frente a situaciones extremas como las que vivimos, lo que se suma a una serie de debilidades en infraestructura y a una escasa cultura de responsabilidad social solidaria en la población.

A diferencia de otras naciones, nuestro país carece de una institucionalidad idónea para garantizar la seguridad de los chilenos ante catástrofes naturales. No existe un organismo altamente profesional y con atribuciones en tiempos de excepción, como una Guardia Nacional, que sume los esfuerzos de bomberos, policía, defensa civil, equipos de rescate, todo ello coordinado por el Ministerio del Interior y las Intendencias de cada región de nuestro territorio. Así como la “caridad” y la “filantropía” oculta las graves desigualdades sociales, el “voluntariado” que sostiene a muchas instituciones oculta la falta de voluntad política para hacerse cargo de una cuestión de Estado, cual es la seguridad integral de la población.

La magnitud del desastre que acongoja a todos los chilenos podría ser el punto de partida para “pensar en grande” y tomarse muy en serio las amenazas mediatas e inmediatas, creando los mecanismos a nivel nacional y regional, que aminoren el impacto de este tipo de eventos catastróficos. Los riesgos derivados del calentamiento global, la situación de país telúrico, los incendios forestales en gran escala y otras amenazas hace imprescindible diseñar un plan estratégico para emergencias de escala nacional  al más alto nivel.

Junto a los esfuerzos de amplios sectores de la ciudadanía, la actual emergencia ha mostrado, también, una serie de conductas reprochables en algunos sectores de la población. El cultivo de una “ética cívica” que propenda a la solidaridad y a un sano patriotismo ha sido reemplazada por la seducción de un mercado amoral y hedonista cuyo horizonte no es otro que el individualismo extremo y el apetito desmedido por bienes suntuarios. Si examinamos el desarrollo de nuestra cultura los últimos decenios, cabe preguntarse por qué la reacción de algunos habría de ser diferente al vandalismo del que hemos sido testigos.

Toda catástrofe, por dolorosa que sea, es susceptible de ser pensada como una oportunidad. Quizás ha llegado el momento no sólo de “pensar en grande”, proponiendo reformas radicales al “modelo chileno” sino, además, con grandeza. Pensar con grandeza es imprimir un horizonte ético y social a las medidas estructurales que se reclaman. Ante la desolación, la cuestión de fondo, finalmente, es encontrar los caminos democráticos para acrecentar la dignidad de cada uno de nuestros compatriotas, muy especialmente, los más pobres y desamparados. Tal es el desafío en este año del Bicentenario.


Álvaro Cuadra
Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS

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