El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo público su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos para el año 2021, titulado «Las repercusiones del Covid-19 en las categorías vulnerables y la caminos hacia la eficacia».
Este informe, cuyos puntos principales fueron presentados por la Presidenta del Consejo, Amina Bouayach, en rueda de prensa en Rabat, incluye en particular una evaluación y un análisis objetivos de la situación de los derechos humanos durante el período de la pandemia. Asimismo, presentó los resultados de sus actividades e intervenciones en el marco de las misiones que le han sido encomendadas en las áreas de protección y promoción de los derechos humanos y prevención de violaciones susceptibles de afectarlos, adoptando un enfoque que tiene en cuenta el estatus del consejo como institución independiente y pluralista.
Este informe, de aproximadamente 300 páginas, aborda siete áreas principales, a saber, la situación temática y categórica de los derechos humanos, la adecuación de la legislación y el fortalecimiento de las capacidades y los medios de comunicación en el campo de los derechos humanos, el hombre, la observación electoral, las relaciones de cooperación a nivel nacional e internacional, seguimiento de la implementación de las recomendaciones de la IER (Instancia Equidad y Reconciliación) y desarrollos administrativos y de planificación.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley No. 76.15 relativo a la reorganización del Consejo, el informe incluye 250 recomendaciones temáticas, incluidas 70 recomendaciones relativas a los tres mecanismos nacionales para la prevención de la tortura, la protección de los derechos de las personas con discapacidad y recursos para los niños víctimas de vulneración de sus derechos. El documento también incluye 50 recomendaciones estructurantes, dirigidas a los poderes públicos, y que se relacionan con la práctica convencional del Reino y su interacción con el sistema internacional de derechos humanos, el marco legal y políticas, programas y prácticas públicas.
Este informe es una herramienta para llamar la atención del gobierno y las autoridades públicas concernidas sobre posibles violaciones de derechos y libertades e invitarlos a remediarlo de acuerdo con los compromisos nacionales e internacionales del Reino y fortalecer las políticas públicas a través de un enfoque basado en derechos humanos. Además, el parlamento puede utilizar el contenido y las recomendaciones del informe en las áreas de armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales y la rendición de cuentas del gobierno.