Con el objetivo de reforzar las capacidades de la PDI, este lunes la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, junto al subsecretario del Interior, Luis Cordero y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, entregaron más de 40 vehículos que serán destinados al control de armas, la lucha contra el crimen organizado y el microtráfico.

Entre los vehículos entregados hay camionetas y SUV 4×4, con láminas de seguridad, balizas y sirenas. Del total, 12 de ellos son parte del programa presupuestario contra el Crimen Organizado y los otros 30 para el programa Modelo Territorial Cero, orientado a la investigación de armas y el patrimonio ilícito de bandas criminales, así como el microtráfico y su incidencia en la seguridad de los barrios. Además, se entregarán tres vehículos blindados para uso de la PDI en la macrozona sur.

En la actividad, la jefa de gabinete indicó que “las instituciones a cargo de la seguridad hemos enfrentado una situación muy compleja, muy preocupante y que ha requerido atención de parte de todos los que estamos aquí presentes y de muchos más” durante estos días, aludiendo a la investigación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve.

Sin embargo, señaló, “eso no ha sido a costa de las tareas que tenemos en el ámbito de la seguridad”, detallando que -además de la entrega de vehículos concretada este lunes- se trabajó en el plan de contingencia por el 18 de octubre, se presentó un proyecto de ley para fortalecer la carrera policial de la PDI y se realizó un vuelo de expulsiones migratorias el fin de semana.

“Estos vehículos vienen a reforzar algo que ha sido una prioridad en este tiempo, que es darle a las instituciones las capacidades, las tecnologías, los recursos, la formación, el personal para enfrentar este flagelo que es el crimen organizado”, agregó la ministra, quien explicó que, como parte del programa presupuestario contra el Crimen Organizado, este año la PDI recibió más de 5 mil millones de pesos para adquirir computadores, equipos para identificar drogas, para trazabilidad de criptomonedas, software de búsqueda en redes digitales, sistemas forenses de extracción de datos digitales, cámaras corporales, drones y kits hidráulicos para irrupciones.

En cuanto al programa Modelo Territorial Cero, la secretaria de Estado indicó que su foco inicial era la investigación en torno al microtráfico y desmantelar bandas, trabajo que tuvo una evaluación positiva. Ante esto, se amplió el trabajo a las investigaciones relacionadas con el uso de armas, como el porte visible o las balaceras. “Hoy día en Chile, de todos los casos en que tenemos incautación de drogas, un 30% provienen de denuncias de Denuncia Seguro, y queremos lograr eso mismo con las armas”, indicó.

El incremento de la fiscalización de armas ha sido gigantesco en el último tiempo. El año pasado fue de un 30%. Este año está en más de un cerca de un 70% respecto al año anterior y podríamos lograr muchos más resultados si logramos dar este paso”, concluyó.

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